MÁS DE 170 LUCHADORES SOCIALES DESAPARECIDOS Y 69 ASESINADOS DESDE 2006

Gobierno y empresas acaparan agua. Ignoran los derechos humanos de los mexicanos al negociar con pozos y privar del suministro a miles de ciudadanos #NACIONAL #LUCHADORESSOCIALESDESAPARECIDOS

MÁS DE 170 LUCHADORES SOCIALES DESAPARECIDOS Y 69 ASESINADOS DESDE 2006

Estrategia en comunicación social/ Abigail Angélica Correa Cisneros

Ciudad de México, 01 de julio de 2021. Derechos humanos ignorados prevalecen en México. El gobierno se niega a escuchar y ver la violencia desatada en contra de protectores de la naturaleza, desde hace décadas, pero últimamente recrudeciendo en todo el territorio nacional.

Desde la defensa del agua hasta tierras sagradas o la preservación de ecosistemas amenazados por empresas turísticas o de explotación minera y otras. El llamado de auxilio se hizo en días recientes en Sonora, donde decenas de jóvenes han desaparecido.

El vocero del pueblo yaqui, Mario Luna, dice que el gobierno minimizó el asesinato de Tomás Rojo, quien desapareció el 27 de mayo y apenas fueron identificados sus restos. El cuerpo del defensor fue encontrado en una fosa clandestina en la comunidad de Vícam, en el municipio de Guaymas (Sonora), por lo que sus familiares insisten en que el asesinato se relaciona con su activismo en la región, incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos demandó a las autoridades «indagar de manera exhaustiva los asuntos mencionados, con especial atención en la posible relación de estos con la actividad de defensa de derechos humanos de la víctima y coordinar acciones para la atención integral de los familiares y víctimas indirectas en el caso».

El caso de Tomás Rojo, líder yaqui, es el noveno en lo que va del año. En 2010 encabezó la llamada guerra por el agua en el estado de Sonora, que se desató cuando el Gobierno del estado anunció la construcción del Acueducto Independencia para llevar agua desde la cuenca del Río Yaqui hacia la capital, Hermosillo, de donde actualmente se abastece a más de 300,000 personas y que inició operaciones en 2013.

Es alarmante que desde 2006 los homicidios de defensores de derechos humanos alcancen la cifra de 69, aunque han desaparecido más de 170. Este mes fueron asesinados en Sonora los defensores del agua y el territorio Tomás Rojo y Luis Urbano Domínguez, ambos líderes de la tribu yaqui. También los periodistas Saúl Tijerina en Coahuila, Enrique García en el estado de México y Gustavo Sánchez Cabrera en Oaxaca.

La cifra aumentará seguramente porque, como dice el vocero del pueblo yaqui, la impunidad provoca que “se les haga fácil desaparecer o chantajear a los que se oponen a los despojos con las mega obras” y en este contexto hay todavía cientos de personas.

Durante el foro El derecho humano al agua: avances y retos, llevado a cabo en el Senado, la subdirectora general de Administración del Agua, de la Conagua, Elena Burns Stuck, habló del saqueo de empresas privadas. Mientras que universalmente el agua es un derecho de cada individuo, en México la Comisión Nacional del Agua está forzada a dar concesiones a diestra y siniestra en acuíferos y cuencas ya sobreexplotadas.

Debido a la actual Ley de Aguas Nacionales no hay manera de detener las concesiones que generalmente sirven para que inmobiliarias e individuos vendan los derechos del agua. El director general de la Conagua, Germán Arturo Martínez Santoyo, quien recién tomó el cargo, dijo que su objetivo es eliminar la corrupción que permite este saqueo de agua.

Mientras tanto, en Puebla sigue creciendo el socavón y muchos opinan que su origen es la sobreexplotación de agua. Manuel Bravo Bruno es vocero del personal despedido de Soapap, empresa que distribuye el agua en esta entidad. Recientemente declaró que el agujero de Zacatepec, que ya es del tamaño del Estadio Azteca, es producto de fugas y la sobreexplotación del agua.

Denunció que las cinco principales concesiones de la zona extraen 121 millones 649 mil 69 metros cúbicos de agua al año, de acuerdo con el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) de la Conagua.

Dijo que hasta el 40 por ciento del agua que la empresa Soapap extrae de la región Izta-Popo se pierde en fugas por el deterioro de la infraestructura hidráulica. Además de la sobreexplotación la empresa no cumple con el saneamiento de aguas residuales.

Que el gobierno tome cartas en el asunto y revise todas las concesiones que da a este tipo de empresas. A pesar de que no hay explicación oficial de la aparición de estos agujeros en la tierra, expertos señalan que es posible que sea debido a lo dicho anteriormente y puede que no sólo ocurra en Puebla, sino que se extienda a todo el territorio nacional si seguimos con estos malos manejos y sin dar mantenimiento a acueductos y demás instalaciones.

Pero lo más importante, que las autoridades correspondientes validen el grito de auxilio de comunidades afectadas por empresas que pretenden aprovecharse de la corrupción que todavía afecta a nuestro país.