GOBERNADOR DE VERACRUZ CIERRA LA PUERTA A MADRES DE DESAPARECIDOS

Las puertas del Palacio de Gobierno de Veracruz fueron cerradas con cadena y candado ante la llegada de 20 mujeres cuyos hijos desaparecieron en el sur del estado. #GOBERNADORHUYE #ESTADO #CUITLAHUAC

GOBERNADOR DE VERACRUZ CIERRA LA PUERTA A MADRES DE DESAPARECIDOS

XALAPA, VER. PROCESO (apro).- Belem González Medrano, madre de Jacob Jiménez González, desaparecido por policías estatales el 25 de septiembre de 2015, viajó 410 kilómetros, de Coatzacoalcos a esta ciudad --junto con otras 20 personas cuyos hijos desaparecieron en el sur del estado--, para buscar una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El objetivo: exigir el restablecimiento de las mesas de trabajo de búsquedas de desaparecidos, pedirle que no imponga a un político de Morena en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y continuar con los trabajos de exhumación en fosas clandestinas.

Las madres no fueron recibidas en palacio de gobierno. Las dos puertas de hierro se cerraron con cadena y candado.

Belem González y otra de las madres pegaron dos cartulinas con tonos fluorescentes en la entrada principal de palacio con los mensajes: “¡Gobernador en campaña tan sonriente!, ahorita tan indolente” y “Señor Gobernador, urgen las mesas de trabajo con las familias”.

Desde el interior de palacio de gobierno, dos escoltas --uniformados con guayaberas blancas de lino-- tomaron fotografías a las mujeres activistas, y González preguntó a uno de ellos: “¿Para qué me tomas foto?”. Desconcertado, respondió tímidamente: “Le tomé a la cartulina”. La madre de Jacob Jiménez sonrió y contestó: “Pues que menso, porque la cartulina de tu lado está en blanco, el mensaje está hacia la calle, pero, bueno, sí vez al gobernador dile que vino Belem González y que otra vez no me recibió”.

Al igual que las 20 madres de hijos desaparecidos en el sur del estado --Coatzacoalcos, Minatitlán y Acayucan, entre otros municipios--, colectivos del norte de la entidad, zona centro y la capital del estado protestaron en palacio de gobierno para exigir a Cuitláhuac García que reabra las mesas de trabajo, urja a la Fiscalía General del estado reiniciar las exhumaciones en fosas clandestinas y continuar con la búsqueda de desaparecidos, paralizada todo 2020.

Victoria Delgadillo Romero, quien desde noviembre de 2011 busca a su hija Yunery Citlally Hernández Delgadillo, desaparecida junto con otras 13 jovencitas en la capital del estado, reprochó que las puertas del palacio de gobierno se han cerrado “por completo” en la actual administración y, a diferencia de la campaña de 2018, subrayó, hoy nadie las escucha ni atiende.

“Por eso estamos aquí, protestando desde diversas partes del estado, porque nuestras carpetas de investigación no avanzan, ya no hay búsqueda y, encima, ahora quieren imponer a un político en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuando entre varios colectivos queremos que continúe quien actualmente está, la doctora Namiko Matzumuto, es la única que nos atiende y nos contesta el teléfono de día o de madrugada”, expresó Delgadillo, del Colectivo Familias Enlaces Xalapa.

Desde las nueve de la mañana y pasados 120 minutos, ningún funcionario del gobierno intentó hablar con alguien de los cuatro colectivos de desaparecidos presentes: Familias Enlaces Xalapa, Colectivo María Herrera, Colectivo Belem González y Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas de Veracruz.

Pero, eso sí, apenas surgía una nueva cartulina de consigna o los activistas desenrollaban lonas, policías y oficiales de tránsito eran enviados a tomar imágenes.

El hijo de Belem González, Jacob Jiménez, fue “levantado” junto con otros tres jóvenes en el sur del estado, en 2015. En esa fecha, durante la implementación del operativo Blindaje Coatzacoalcos, hubo una redada de 30 jóvenes de quienes no se volvió a saber su paradero.

“Son más de cinco años y medio de la desaparición de mi hijo, pasan ministeriales, fiscales, gobiernos, partidos, y no hay ningún avance”, reprochó González.

De acuerdo con Belem, en municipios del sur como Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos, muchas de las desapariciones fueron cometidas por policías municipales y estatales, cuyos nexos con organizaciones criminales estuvieron más que comprobadas.

“Actualmente hay más de 20 policías en prisión, algunos tienen consignación, en otros se ha ido avanzando en los procesos penales, pero ninguno, ni un solo caso tiene sentencia ya”.

Y mientras, en Veracruz aumenta la inconformidad de colectivos de desaparecidos con la gestión del gobernador morenista Cuitláhuac García y los organismos de seguridad y procuración de justicia. Y es que durante 2020 el gobierno presumió avances que posteriormente fueron refutados por las mismas madres de desaparecidos.

Durante la campaña electoral del 2018, el entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, y el hoy gobernador, Cuitláhuac García, se reunieron en privado con familiares de desaparecidos en Xalapa, y fueron invitadas a un mitin de López Obrador en Minatitlán, donde el hoy presidente les prometió que la “búsqueda de desaparecidos” sería una prioridad en su gobierno.

“No habrá más simulación”, les dijo. Ya como presidente electo, varias madres de desaparecidos en Veracruz fueron llevadas a una reunión con familiares de víctimas, en Tlatelolco.

Ayer, el Colectivo Solecito –integrado por madres de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-- protestó en la Fiscalía General del estado por la inacción en las búsquedas, el aletargamiento en la investigación de las carpetas alusivas a desaparecidos, y porque hay muchos casos en que la Fiscalía no cuenta con los ADN de los padres o hijos de los desaparecidos.

“¿Y así como quieren comenzar a buscar?”, reprochó ayer Rosalía Castro, cuyo hijo Roberto Carlos Casso fue desaparecido junto con su novia en diciembre de 2011.

Hoy, ante la indiferencia gubernamental con los familiares de desaparecidos, los distintos colectivos recogieron sus lonas, cartulinas de consigna y retratos de sus hijos ausentes y se dirigieron al Congreso local, al otro extremo de la ciudad, para exigir a los diputados que pidan al gobierno morenista reestablecer las mesas de trabajo con familiares de desaparecidos y no permitan la imposición de un político en la Comisión Estatal de Derechos Humanos.