MÉXICO: NUEVO PROTOCOLO PARA EVITAR HOSTIGAMIENTO Y ACOSO EN GOBIERNO

México: entra en vigor el nuevo Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en el Gobierno #NUEVOPROTOCOLO #NACIONAL

MÉXICO: NUEVO PROTOCOLO PARA EVITAR HOSTIGAMIENTO Y ACOSO EN GOBIERNO

Regeneración, 17 de febrero del 2020. México: Por primera vez, los Órganos Internos de Control, que dependen de la Secretaría de la Función Pública tendrán una herramienta efectiva para investigar casos de hostigamiento y acoso sexual en las dependencias y entidades federales.

Lo que se busca es prevenir, atender y sancionar con eficacia la violencia sexual dentro de las instituciones de gobierno.

Con ello fomentar climas laborales respetuosos y libres de discriminación y violencia.

La herramienta, considerada indispensable busca erradicar esas lacerantes conductas en la Administración Pública Federal.

Además, fomentar climas laborales libres de discriminación y violencia en México.

El Protocolo, ahora basado en criterios nacionales e internacionales de derechos humanos, fue publicado por las secretarías de la Función Pública y de Gobernación, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Esto en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de enero.

En el documento se establecen procedimientos uniformes para disuadir y castigar el hostigamiento y el acoso sexuales en las dependencias del Gobierno Federal.

La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros resaltó la relevancia del nuevo protocolo

Se trata de una herramienta efectiva para resolver problemáticas que se venían perpetuando desde hace varias administraciones.

“Desde la Función Pública hay cero tolerancia al acoso y el hostigamiento sexuales”, subrayó.

Por su parte, Nadine Gasman, presidenta del Inmujeres, destacó que la actualización del Protocolo fue posible gracias al trabajo coordinado con casi 60 dependencias y entidades.

Esto con el fin de evitar, desde la perspectiva de género, prejuicios y estereotipos que entorpezcan el proceso de atención a casos.

A través de la nueva herramienta normativa se garantizan los derechos humanos de las personas.

Es decir, cuando sean víctimas de hostigamiento sexual y acoso sexual en el desempeño de su empleo en el servicio público federal de México.

De igual modo cuando ocurra al acudir a solicitar un trámite o recibir un servicio en la APF.

Para ello, el protocolo instaura mecanismos para orientar y brindar acompañamiento especializado a quienes denuncian.

Lo anterior para evitar su revictimización y garantizar su acceso a la justicia en México.

Asimismo, señala las instancias encargadas, en cada dependencia, de conocer, investigar o sancionar esas conductas de violencia sexual.

El protocolo de actuación, explicó la secretaria Sandoval Ballesteros, obliga a verificar las quejas y denuncias.

Incluso examinar la relación entre denunciante y persona denunciada, para identificar asimetrías de poder.

Así, se establecen principios como el de exhaustividad, para asegurar a los órganos internos de control y personal encargado un papel activo, objetivo e imparcial en la obtención de evidencia.

De acuerdo con el Protocolo, cada dependencia y entidad de la APF deberá contar con un registro de los casos de hostigamiento sexual y acoso sexual.

Lo que se busca es facilitar el seguimiento e identificación de patrones y, de esa manera, implementar acciones que los inhiban y erradiquen.

Esto, con el fin de acabar con la impunidad en México.

Entre las acciones está la creación del sitio cerotolerancia.inmujeres.gob.mx, en donde el personal del servicio público y la ciudadanía se podrán informar y capacitarse para sumarse a la construcción de una cultura libre de hostigamiento sexual y acoso sexual.

Para la Secretaría de la Función Pública y el Inmujeres, el nuevo Protocolo constituye un cambio de fondo.

Explicó que ello, porque no sólo prohíbe la violencia sexual, sino que incluye medios efectivos, a cargo de los Órganos internos de control, para combatirla.

Así como castigarla en las dependencias y entes públicos federales, al definir claramente los conceptos de las conductas y permite a las víctimas decidir qué instancia llevará su caso.