SUPERDELEGADOS DE AMLO, ACUSADOS DE CORRUPCIÓN, DESVÍO DE RECURSOS Y PROSELITISMO
Y nos cuestan 48.6 mdp al año #SUPERDELEGADOS #NACIONAL
SUPERDELEGADOS DE AMLO, ACUSADOS DE CORRUPCIÓN, DESVÍO DE RECURSOS Y PROSELITISMO
por: Scarlett Lindero
Desvío de recursos, corrupción, violencia de género, desfalco, proselitismo. Estas son algunas de las acusaciones que manchan el historial de 16 de los 32 delegados para programas integrales de desarrollo, mejor conocidos como superdelegados por sus amplias funciones como supervisar todos los programas sociales del país, según constató Cuestione, a través de una investigación hemerográfica.
El primer superdelegado señalado fue el jalisciense Carlos Lomelí, cuando una investigación periodística destapó que tenía una red farmacéuticas de nueve empresas con contratos de más 164 millones de pesos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que Lomelí renunció a su cargo; ahora es investigado por la Secretaría de Función Pública (SFP) por tráfico de influencias y conflicto de interés.
Pero no sólo Lomelí tendría un historial dudoso. Con un salario mensual de 126 mil pesos brutos cada uno, este ejército de 32 superdelegados (24 hombres y ocho mujeres) le cuestan al erario 48.6 millones de pesos al año, de acuerdo con el portal Nómina Transparente. Sus tareas principales son coordinar la operación de todos los programas de la Secretaría de Bienestar y ser el enlace entre los gobernadores de cada estado y el presidente.
Otros de los delegados del gobierno de López Obrador es Jaime Montes Salas, representante en Sinaloa y exdiputado de Morena, quien también es director técnico de la empresa Tenabri S. de R.L. de C.V., de acuerdo con su declaración patrimonial. Esta empresa habría recibido 400 mil pesos entre enero y junio de 2019, de acuerdo con el Listado de Beneficiarios Productores agrícolas de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
En total, Cuestione encontró otros 16 casos de delegadas y delegados con alguna acusación o investigación reciente:
Aldo Emmanuel Ruiz Sánchez, delegado de Aguascalientes
Aldo Ruiz fue dirigente de Morena en Aguascalientes, de 2015 a 2018. Antes también fue vocero del movimiento estudiantil #YoSoy132. Actualmente está siendo investigado por la SFP por desvío de recursos en los programas sociales de la Secretaría de Bienestar.
José Antonio Aguilar Castillejos, delegado de Chiapas
Antes de ocupar el cargo como superdelegado, Aguilar Castillejos fue dirigente de Morena en Chiapas en 2018. Tiene una maestría en Administración Pública y también es investigado por la SFP por uso irregular de los programas sociales a su cargo en ese estado.
Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Chihuahua
Cursó la carrera de Ingeniería Electromecánica y fue secretario general de Morena de 2015 a 2018. Loera de la Rosa es otro investigado por la SFP por mal manejo de recursos. Además, en octubre de 2019, las y los rarámuris acusaron que 60% de las personas de su comunidad se quedaron fuera de los programas sociales, por lo que exigieron su renuncia.
María Cristina Cruz Cruz, delegada de Ciudad de México
Cristina Cruz Cruz, exsecretaria de Finanzas de Morena en la CDMX, fue sancionada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) los primeros días del año, por utilizar los programas federal del gobierno para hacer promoción de Morena. Sigue en su cargo hasta este momento.
Reyes Flores Hurtado, delegado de Coahuila
Reyes Flores fue coordinador de campaña de Armando Guadiana durante su búsqueda por la gubernatura de su estado, en 2017, a través de Morena. En diciembre del año pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación en su contra por presuntos delitos electorales, lo citó a declarar y éste no acudió, por lo que el caso sigue abierto.
Índira Vizcaíno Silva, delegada de Colima
La superdelegada es diputada federal con licencia del ya extinto Partido Encuentro Social (PES). Ella también está señalada por la SFP por hacer proselitismo ya como superdelegada a favor de Morena.
Guillermo Enrique Novelo Solís, delegado de Durango
Es licenciado en Informática. En 2018 Morena lo sancionó por dos años por manipular actas del partido y por haber simulado un proceso de elección interna en 2015. Aún y con su sanción, fue seleccionado como superdelegado.
Mauricio Hernández Núñez, delegado de Guanajuato
Fue secretario de Formación Política en Morena en 2018. El licenciado en Derecho también está siendo investigado por mal uso de recursos por la SFP, de acuerdo con la dependencia.
Pablo Sandoval Ballesteros, delegado de Guerrero
Sandoval Ballesteros ha sido señalado de nepotismo por ser hermano de Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP.
Abraham Mendoza Zenteno, delegado de Hidalgo
Su declaración patrimonial indica que el delegado “no presentó información sobre sus bienes inmuebles”, por lo que no sabemos cuáles son sus adquisiciones. Fue señalado por presunta corrupción en la entrega de programas sociales de Hidalgo, de acuerdo con la SFP. Abraham Mendoza tiene una licenciatura en Medicina y fue dirigente de Morena en Hidalgo.
Nancy Ortiz Cabrera, delegada de Oaxaca
Nancy Ortiz tampoco reportó bienes muebles o inmuebles en su declaración patrimonial. Está acusada por utilizar recursos públicos con fines electorales en favor de Bertha Luján, durante las elecciones internas de Morena, en 2019.
Rodrigo Abdalá Dartigues, delegado de Puebla
Es sobrino político de Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Fue diputado de Morena de 2015 a 2018. Es también investigado por la SFP por hacer promoción “ilegal” de la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Gabino Morales Mendoza, delegado de San Luis Potosí
Morales Mendoza fue sancionado por Morena por hostigamiento sexual, en contra de Lisset García García, una de sus compañeras del partido. Otras legisladoras también lo han señalado por acoso sexual y han pedido su renuncia.
Jorge Taddei Bringas, delegado de Sonora
Este superdelegado está siendo investigado por la SFP por presunto desvío de recursos en la administración de los programas sociales. En su declaración patrimonial en Declaranet.com, el delegado reporta ingresos de hasta 1.8 millones de pesos provenientes de su cargo público y de “otros servicios profesionales”.
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, delegado de Veracruz
Huerta Ladrón de Guevara también fue sancionado en diciembre del año pasado por el TEPJF, por hacer propaganda indebida a favor de López Obrador a principios de 2019. Huerta Ladrón fue dirigente de Veracruz de 2016 a 2018.
Joaquín Díaz Mena, delegado de Yucatán
Fue diputado federal del PAN de 2015 a 2018. En 2018 buscó la gubernatura de Yucatán de la mano de Morena, aunque perdió. Este superdelegado es acusado de desfalco y desvío de recursos en programas sociales, de acuerdo con medios locales del estado.
En los próximos meses la SFP, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, tendrá que dar respuesta sobre las investigaciones en contra de estas superdelegadas y superdelegados. Sandoval ya exoneró a Manuel Bartlett de los delitos de ocultamiento de conflicto de interés y enriquecimiento oculto.
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Propiedades y familiares
Aunque no está señalada por ningún caso hasta ahora, la superdelegada de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, es la que más propiedades reporta en su declaración patrimonial de todos los delegados. Cuéllar Cisneros, de 57 años, ha ocupado diferentes cargos públicos, como presidenta de municipal del estado, senadora y diputada.
A lo largo de sus 27 años de carrera pública se ha hecho de 11 casas, departamentos y terrenos, con un valor estimado de más de 7.6 millones de pesos, según la misma declaración patrimonial, y tres automóviles con un valor total de más de 720 mil pesos.
A principios de 2019, López Obrador prometió que los superdelegados le ahorrarían al al erario 15 mil millones de pesos, pues redujo el número de representantes por estado que había en sexenios pasados… lo que no imaginó es que no le ahorrarían problemas.
A su llegada a la Fiscalía, inició la revisión de todos los asuntos, la verificación de los registros oficiales y la identificación de rezagos #FISCALIADELESTADO #CONGRESO #ESTADO
RECIBE COMISIÓN DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA COMPARECENCIA DE LA FGE
El diputado José Manuel Pozos Castro, la legisladora María Josefina Gamboa Torales y el diputado Raymundo Andrade Rivera, presidente, secretaria y vocal respectivamente de la Comisión Permanente de Procuración de Justicia de la LXV Legislatura, recibieron la comparecencia de la encargada de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, sobre el estado que guardan los asuntos que son competencia de este organismo autónomo durante el período septiembre-diciembre de 2019.
En presencia de autoridades municipales, representantes de las fuerzas armadas, notarios, empresarios, abogados, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación, la funcionaria informó que, a su llegada a la Fiscalía, inició la revisión de todos los asuntos, la verificación de los registros oficiales y la identificación de rezagos.
Durante 2019, se iniciaron 80 mil 326 carpetas de investigación, de las cuales se encontraron aproximadamente 30 mil que no habían sido ingresadas en las bases de datos e instrumentos oficiales. En cuatro meses, se logró abatir en 96 por ciento el rezago en el registro de la información y la judicialización de tres mil 299 carpetas.
Al cierre de ese mismo año –prosiguió Hernández Giadáns-, se contabilizó un total de 49 mil 729 expedientes y se estableció un seguimiento semanal de los detenidos que son llevados a control de detención, para una mayor certeza de las vinculaciones a proceso.
“También encontramos diversos compromisos que no fueron atendidos a cabalidad con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, principalmente en el registro de vehículos robados y recuperados, así como en el de mandamientos judiciales, lo que originó que los resultados de las evaluaciones fueran negativos”, agregó.
En relación con los hallazgos en la gestión administrativa, se encontró un gasto excesivo en rentas de edificios para oficinas por un total anual de 33.6 millones de pesos (mdp), 3.8 mdp sin comprobar de fondo revolvente, pasivos por más de 251 mdp a favor de diversas instancias como SAR, IMSS, IPE, proveedores, contratistas, obra pública, retención y contribución a pagar.
Asimismo, excesiva dotación de combustible a altos mandos hasta por 125 mil pesos mensuales; en personal de ayudantía asignada a altos mandos, hasta 45 elementos a su cuidado personal y de sus familias; sueldos en altos mandos de casi 300 mil pesos mensuales, personal que no cubre el perfil de puestos autorizados y otros que cobraban sin presentarse a laborar en áreas administrativas.
En todos los casos, añadió Verónica Hernández, se dio vista y se puso del conocimiento a las instancias competentes para que inicien y den trámite a los procedimientos y denuncias a que haya lugar. Además, se encontraron irregularidades como falta de controles internos de auditorías en recursos humanos, financieros y materiales, así como proveedores y contratistas favorecidos sin pasar por el proceso de licitación y asignaciones directas.
A esto se añade deficiencia en obra pública del 2018, obra de mala calidad por más de 316 mdp, por lo que, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) se realizan visitas a las obras para la determinación de las observaciones correspondientes.
En materia de los servicios periciales, los servicios médicos forenses se encontraban en condiciones deplorables ya que ningún semefo contaba con los requisitos mínimos para ser certificado.
Respecto al proceso de evaluación y control de confianza, prosiguió la servidora pública, 87 servidores públicos no lo aprobaron, por lo que instruyó a las áreas competentes iniciar los procedimientos correspondientes.
Además, se fortalecieron los protocolos del Centro de Evaluación y Control de Confianza. Al 31 de diciembre de 2019, se excedió la meta programada y se tienen pendientes de evaluar sólo a seis servidores públicos.
“Habiendo encontrado una distribución dolosa por cuanto hace a percepciones, manejo de combustibles y un manejo discrecional y con dispendio de los recursos públicos, se instruyó la reducción de sueldos excesivos y compensaciones para altos mandos, iniciando un proceso de dignificación y homologación en las percepciones del personal operativo”, destacó.
También determinó la distribución de 400 plazas para el fortalecimiento de áreas operativas. Una vez agotados los requisitos formales para el concurso y reclutamiento del personal, se destinarán 200 plazas a la policía ministerial (incremento de 27.17 por ciento), 130 posiciones se canalizaron para la contratación de fiscales (incremento del 26.4 por ciento).
Se añaden 30 para fortalecer los cuadros de los servicios periciales (incremento de 10.34 por ciento) y 40 se destinaron a fortalecer a la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, a los que también se ha sumado el apoyo de 22 elementos de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase): un total de 164 elementos a partir de septiembre (incremento de 60.78 por ciento).
Dijo también haber instruido a la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, una atención inmediata, responsable y de respeto a todos colectivos que buscan justicia. Reportó la participación en nueve operativos de búsqueda, asistencia en 19 reuniones con diversas autoridades estatales y federales y el nombramiento de seis nuevos fiscales.
Además del acceso a las carpetas de manera inmediata cuando así lo solicitan y reuniones periódicas para su revisión, se han tenido 10 reuniones regionales con colectivos en Poza Rica, Coatzacoalcos, Veracruz, Córdoba, Orizaba y Xalapa, se han realizado cuatro reuniones estatales con colectivos y el Gobernador del Estado, se les ha invitado a que conozcan las condiciones de los semefos y se da seguimiento a todos los casos de larga data.
Desde septiembre, inició el estudio de cada una de las mil 155 carpetas que se encontraban en el sistema, que corresponden a mil 240 desaparecidos del año 2019. De acuerdo con la investigación, al 31 de diciembre, 588 personas ya habían sido localizadas, quedando 652 personas por localizar.
De igual manera, en la Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas y a la luz de las alertas de violencia de género emitidas al estado de Veracruz, se activaron 68 cédulas de Alerta Amber, se logró recuperar a 54 niñas, niños y adolescentes y se solicitaron cuatro colaboraciones con Alerta Amber México.
Destacó también la puesta en marcha, el pasado 25 de noviembre, del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz.
Como resultado de la aplicación del protocolo para la clasificación del delito de feminicidio, de un total de 142 carpetas de investigación iniciadas, se hizo una reclasificación exhaustiva resultando únicamente 100 carpetas de feminicidio. Las restantes derivaron en homicidios, muertes no delictivas, suicidio y muerte por omisión de cuidado, entre otros.
En cuanto a la atención a los pueblos originarios, dijo que la Fiscalía Coordinadora Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos incrementó en 28 por ciento las visitas itinerantes en Huayacocotla, Chicontepec, Tantoyuca, Papantla, Orizaba, Zongolica, Hueyapan de Ocampo y Uxpanapa, y se atendió las 309 quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
De la actividad de la policía ministerial, detalló que en este año se cumplimentaron casi tres mil mandamientos judiciales relativos a órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia y que, de septiembre a diciembre, se ejecutó en promedio mensual 20 por ciento más que lo trabajado en el periodo de enero-agosto.
Para atender de manera frontal a uno de los delitos de mayor impacto social, se conformó la Coordinación Estatal de Homicidios.
En la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, durante el periodo que se reporta, se registraron 298 casos y se logró la detención de 147 presuntos culpables, la desarticulación de 22 bandas delictivas, el cumplimiento de 37 órdenes de aprehensión y la obtención de 56 sentencias condenatorias.
Aseguró que “en tan sólo cuatro meses y luego de un intenso trabajo, de un alto compromiso y con el apoyo irrestricto de mujeres y hombres profesionales, comprometidos, con vocación y honestidad, hemos puesto a la Fiscalía General del Estado al servicio de la población veracruzana”.
Verónica Hernández Giadáns concluyó su comparecencia aseverando que la autonomía de la FGE “no se excluye de la coordinación con todos los órdenes y niveles de gobierno, pero sobre todo con la sociedad civil. Coordinación no es subordinación, sino identidad en principios, estrategias y compromisos. En el Veracruz de hoy, se hace cumplir la ley y quien delinque es castigado sin distingos”.
